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1/31/2014
La perseverancia de quien preside la Comisión de Educación en el
Congreso, para dotarnos de una nueva #LeyUniversitaria, es digna de todo
encomio, pero cuando tal virtud se torna en tozudez al no aceptar el
diálogo que reclama el sector universitario, antes que el tema llegue al
Pleno del Congreso, el asunto es preocupante.
Las normas para tener legitimidad, además de legalidad, deben
contar con la aceptación del mayor número de personas, y ello se logra
convenciendo pero no imponiendo, debatiendo con mente abierta y sin
intransigencia, pues el Congreso es la casa del debate en búsqueda de
consensos y no un cuartel.
Nadie duda de las buenas intenciones de quienes impulsan una
nueva Ley Universitaria, y este solo hecho ha generado que muchas
universidades de dudosa reputación se esfuercen por mejorar. Empero,
como señala antiguo dicho el infierno está empedrado de buenas
intenciones. Se requiere muchísimo más que ello, se necesita objetividad
y buscar mecanismos que ayuden a elevar la calidad universitaria y no
que la universidad sea chata, sombría y carente de luces.
El dictamen emitido por la Comisión de Educación tiene un tufillo
autoritario, reñido con el espíritu universitario que nos hace acordar
la etapa del velascato en que todo se pretendía estratégico para
justificar que el Estado metiera la mano en lo que se le ocurriera, como
ahora lo intenta con la universidad privada que tanto ha ayudado a
subsanar las carencias estatales en ésa materia.
Ilusos los que habíamos creído que el verbo "disolver"
había pasado a la Historia, pero lastimosamente ha recobrado vida en el
dictamen de la Comisión de Educación en que se disuelve a la actual
autoridad supra universitaria y a la vez intra universitaria para
sustituirla por un ente burocrático con componentes extra universitarios
y adscrito al poder político de turno, cualquiera que el sea. Cesan
también a las autoridades elegidas. La autonomía universitaria que con
tanto sacrificio y esfuerzo se construyó, la derrumban ¡qué penoso! Los
errores en que se incurre en el dictamen son subsanables, si es que
hubiera diálogo, pues no se circunscriben al tema de la autonomía, sino a
otros preceptos irreales. Por ejemplo se propone que los estudios de
doctorado son a tiempo completo y a dedicación exclusiva, con mínimo de
64 créditos. Solamente quienes tienen grado de doctor, obtenido bajo los
mencionados requisitos, pueden postular a rector o vicerrector, y el
30% de docentes tiene que tener el mencionado grado.
Si los estudios de doctorado son a tiempo completo y a dedicación
exclusiva, en la práctica solamente lo podrían hacer quienes tienen
mucho dinero, pues no pueden laborar ni realizar otra actividad. También
lo podrían hacer los miembros de las FF.AA y Policía Nacional, o los de
comunidades religiosas, que usualmente son los únicos a quienes se les
otorga licencia con goce retributivo mientras estudian. En buena cuenta
los doctorados serían elitistas, y lo peor, no habría suficientes
doctores para atender los requerimientos propuestos en el dictamen.
¡Debatir, no imponer!
Fuente: La Razón / Antero Flores-Aráoz
http://larazon.pe/31259-universidad-y-debate.html
