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1/20/2014
Fuente: El Peruano / Guido Canchari Obregón
La discusión y aprobación de una nueva ley universitaria que contribuya a superar la grave crisis de la educación superior en el país, emerge como una necesidad impostergable, pese a la abierta oposición de un sector formado por los rectores de universidades públicas y los dueños de las universidades con fines de lucro.
Este
requerimiento queda evidenciado con el excesivo número de
universidades –140, de las cuales 64 solo tienen autorización
provisional–, las serias carencias en infraestructura, en docentes
calificados, la casi nula labor de investigación y la desconexión entre
las carreras y el mercado laboral.
El debate
del dictamen aprobado por la Comisión de Educación del Congreso,
previsto para el inicio de la próxima legislatura, en marzo, abre la
oportunidad para una discusión más allá del ámbito político sobre la
importancia de esa reforma y la incorporación de algunas propuestas que
permitan perfeccionarla.
Sus opositores, la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la Federación de Instituciones
Privadas de la Educación Superior (Fipes) y un sector de estudiantes,
centran sus objeciones principalmente en la creación de una
superintendencia nacional de educación universitaria (Suneu), que
garantice la calidad de las universidades.
Según
el dictamen, la superintendencia estará adscrita al Ministerio de
Educación y tendrá por funciones supervisar la calidad universitaria,
fiscalizar el uso de recursos y autorizar o denegar la apertura de
nuevas universidades. Además, reemplazará a la ANR, que dejará de
existir de aprobarse la iniciativa.
La superintendencia
Para
Orlando Velásquez, titular de la ANR, la creación de esta entidad es
inconstitucional, porque supondría un intervencionismo inaceptable que
violentaría la autonomía universitaria e, incluso, podría afectar la
libertad de pensamiento.
En un pronunciamiento
público, la Fipes también argumentó que “la universidad dejará de ser
autónoma y la libertad de pensamiento podrá estar sujeta al criterio de
funcionarios con un direccionamiento político”. Además, observó que esa
instancia será un organismo burocrático que desalentará la inversión
privada en la educación superior.
Sin embargo,
en Francia, Finlanda, España, Chile y Argentina, por citar solo algunos
países, existe un organismo regulador o normativo del sistema
universitario, adscrito al Ministerio de Educación o su equivalente, que
desarrolla sus funciones con autonomía y sin que la libertad de
pensamiento, que goza de buena salud en esos países, se haya visto
afectada.
La superintendencia, de acuerdo al
texto aprobado, estará integrada por nueve miembros de los cuales solo
uno es representante del citado portafolio. Cuatro representan a las
universidades públicas y privadas. El Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, los colegios
profesionales y el empresariado tendrán un representante cada uno.
Quizá
la connotación “intervencionista” venga del título de
“superintendencia” que se le otorga a ese organismo en el dictamen.
Según Daniel Mora, presidente de la comisión que aprobó el dictamen,
tomaron esa denominación con base en la recomendación del Tribunal
Constitucional y de la Contraloría –en una sentencia y un informe de
control, respectivamente– para crear una entidad que permita supervisar a
las universidades a efectos de corregir el desorden y la baja calidad
de la enseñanza.
¿Mercado regulador?
Según
la Fipes, en vez de una superintendencia "intervencionista y
burocrática", propia de un modelo del siglo pasado, debe tenerse un
órgano autónomo responsable de la creación de universidades y de
promover la calidad. Además, dejar que funcione la regulación del
mercado en función de la información.
José
Dextre, presidente de este gremio afiliado a la Confiep, sostuvo que a
las universidades privadas hay que pedirles que muestren sus indicadores
de calidad, de docentes, infraestructura y empleabilidad, y serán los
usuarios los que decidirán a qué centro de estudios acudir.
En
esa línea, plantea crear un Observatorio de Indicadores de Calidad de
las universidades, "para que el joven elija" de manera informada,
estimulando así una competencia que incentive la mejora del sistema.
Al
respecto, Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de
Estudios Peruanos y miembro del Consejo Nacional de Educación, advirtió
que no existe ninguna evidencia empírica que demuestre que el mercado
puede regular la calidad en asuntos de educación, salud y justicia.
"En
esas áreas hay fallas del mercado y salvo que uno sea
anarcocapitalista, no se puede negar la evidencia [...]. La información
sirve, por ejemplo, para elegir el mejor restaurante y por eso funciona
nuestro boom gastronómico en una economía de libre mercado; pero eso no
se puede comparar con la educación."
En ese
sentido, manifestó que el 38% de los jóvenes universitarios está
estudiando actualmente en cinco casas superiores de estudio que, según
los propios rankings internos, están en los últimos lugares, situación
que consideró insostenible.
Para la rectora de
la Universidad Cayetano Heredia, Fabiola León Velarde, la educación
superior no puede dejarse al gobierno de las leyes del mercado,
precisamente, por las fallas del mismo.
“No
podemos complacernos en esperar que a la educación la regule el mercado,
la competencia y una apropiada información; pues al haber buenas
universidades públicas, buenas universidades privadas, pero también
malas –pero muy accesibles económicamente, corremos el riesgo de tener
una universidad segmentada por ingreso económico y no necesariamente por
capacidad intelectual”, advirtió en una reciente columna de opinión.
La voz de los estudiantes
La
Federación de Estudiantes del Perú (FEP) fue la primera en expresar su
total rechazo total al proyecto de la nueva ley universitaria; sin
embargo, los representantes de diversos frentes estudiantiles aseguraron
en los últimos días compartir la propuesta de reforma contenida en el
dictamen.
Según la FEP, la propuesta de ley
recorta los derechos estudiantiles, vulnera la autonomía universitaria e
instaura un control político de esas casas de estudio, mediante la
superintendencia. Sus dirigentes anunciaron movilizaciones para evitar
la aprobación del dictamen. No obstante, su posición no es compartida
por la comunidad universitaria. Para el presidente de la Federación de
Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Julio
Cáceda, existen muchos aspectos positivos en el texto aprobado y hay
otros que podrían perfeccionarse.
"Estamos de
acuerdo en que haya un organismo regulador de la calidad de la educación
superior, pero autónomo y sin participación del sector empresarial",
sostuvo.
Teodoro Arévalo, de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señaló que son muchos
los estudiantes que están a favor de esta reforma porque contribuirá a
superar la crisis y corrupción que –dijo– campean en las universidades.
"La
autonomía universitaria no es violada en ningún artículo. Eso es un
juego retórico de los rectores porque su más grande temor es que haya un
reparto de poder distinto y una organización que obligue a las
universidades privadas a invertir más sus ganancias", alegó.
Max
Silverio Valverde, representante de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), refiró que aunque hay aspectos que pueden ser
mejorados, aun así el dictamen representa un avance significativo hacia
la excelencia académica, porque plantea mayores exigencias para el
ejercicio de la docencia y acaba con las mafias que controlan las
universidades.
La revisión de estos puntos de
vista confirma la necesidad de esta importante reforma y que se aliente
la discusión del dictamen que será debatido y votado en el pleno a
partir de marzo, a efectos de incorporar algunas propuestas, sobre todo,
por los estudiantes, para otorgarle mayor legitimidad y respaldo a la
nueva ley universitaria.
Proliferación y precariedad
El
Perú, con cerca de 30 millones de habitantes, es el segundo país con
mayor número de universidades en Sudamérica, solo por detrás de Brasil,
que tiene una población de más
de 200 millones, siete más que nosotros.
De
acuerdo a información oficial, nuestro país tiene 140 casas superiores
de estudio; mientras que el gigante suramericano tiene 197.
Además,
solo 76 casas de estudio tienen autorización definitiva de
funcionamiento y las demás lo hacen con una autorización provisional.
Dicha realidad llevó a que el 2012 se aprobará una ley que declaraba la
moratoria en la creación de nuevas universidades.
