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2/19/2014
Agencia Andina: La #Conferencia #Episcopal #Peruana (#CEP), que agrupa a todos los obispos del Perú, presentó una serie de observaciones al dictamen de la #nuevaLeyUniversitaria e indicó que sería un error del Congreso aprobar dicha propuesta en la legislatura que se inicia en marzo, sin un mayor debate.
En una rueda de prensa, invocaron al Parlamento a realizar un debate participativo y técnico,
que tenga como norte lograr que las universidades sean espacios que
garanticen el crecimiento y la realización humana, sin menoscabo del
respeto a su autonomía.
Para los representantes de la #Iglesia #Católica, la iniciativa legislativa aprobada por la Comisión de Educación del Parlamento tiene una serie de "deficiencias" de redacción y de contenido.
Cuestionaron
que se concentre el poder fiscalizador y de control en una sola
entidad, en alusión a la superintendencia de la educación universitaria.
Desde
su perspectiva, eso pone en peligro la autonomía universitaria porque
promueve un tipo de organización "exageradamente centralista y
vertical", "modelo que impedirá el desarrollo universitario en el país",
según refieren en un comunicado.
"Valoramos
la preocupación por la mejora de la universidad, pero la forma de
hacerlo no es la correcta. Para nosotros, esta nueva ley universitaria va a complicar las
cosas no solo a nivel universitario sino socialmente también", indicaron.
La
CEP recomendó la conformación de una comisión pequeña, pero calificada,
para analizar en un mediano plazo el escenario universitario actual e
identificar de 3 a 5 problemáticas que requieren una urgente corrección.
Uno de esos aspectos es cómo acabar con la proliferación de universidades de mala calidad educativa.
Asimismo, propuso
el diseño de una política para aplicar las medidas correctivas
necesarias, "como la entrega de incentivos positivos, y no mediante un
control burocrático desinformado, evitando modelos centralistas".
#Monseñor Miguel Cabrejos, expresidente de la CEP, manifestó que los
obispos expresaron su profunda preocupación porque el texto del
dictamen no consigna ni hace mención al compromiso de colaboración entre
el Estado y la Iglesia, en el tema educativo.
