La República: #Rectores sostienen que la #NuevaLeyUniversitaria inclusive se atribuye facultades del Poder Judicial para cerrar universidades.
A través de un informe precisa que la ley señala tener por objeto el "cierre de las universidades" cuando, de acuerdo con la Constitución Política del Perú y la leyes vigentes, tanto una persona jurídica como una asociación solo pueden ser cerradas por el Poder Judicial por causas objetivas como la seguridad nacional o contravenir las buenas costumbres.
Asimismo, la #ANR refiere que si bien el artículo 8° del dictamen indica que el Estado reconoce la autonomía universitaria, señala que la universidad "organiza su régimen de gobierno de acuerdo con la presente ley y sus estatutos".
Esto último, indican, contraviene lo establecido en el artículo 18 de la Constitución, puesto que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico.
Pero, además, advierten que en el artículo 9 –referido a la responsabilidad de las autoridades– se establece que cualquier miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria los actos que constituyen indicios razonables de la existencia de infracciones a la norma, para que esta, de oficio o a pedido de parte, emita recomendaciones. La #ANR recuerda que la comunidad universitaria debe dirigirse al Ministerio Público, Poder Judicial, Indecopi, Contraloría y otras instancias facultadas cuando detecte alguna irregularidad o ilegalidad.
Entre otras críticas, refieren que el dictamen establece que la Superintendencia es la "encargada de normar, regular y coordinar la educación universitaria", pese a que el Tribunal Constitucional indica que "la autonomía universitaria es una de las garantías institucionales que la Constitución protege (...) manteniéndolas intangibles respecto del legislador y otros poderes públicos".
Rechazan intromisión
La #ANR también lamenta que el dictamen indique que para la creación de universidades, tanto públicas como privadas, se requiera de la opinión previa de la Superintendencia, y que lo mismo ocurra para las facultades y programas. "Con esto se viola nuevamente la autonomía académica, normativa y administrativa de las universidades, pues limita la libertad de empresa cuando al Estado no le cuesta nada que se abra una nueva facultad", señalaron.
http://www.larepublica.pe/23-02-2014/anr-dictamen-de-ley-universitaria-viola-50-articulos-de-la-constitucion
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2/23/2014
